Mientras los titulares celebran récords de producción eólica y solar, una realidad más compleja se desarrolla en los territorios donde estas tecnologías se implantan. La transición energética española, a menudo presentada como un camino lineal hacia la descarbonización, es en realidad un mosaico de historias humanas, tensiones territoriales y oportunidades que desafían el relato oficial.
En Extremadura, donde los proyectos fotovoltaicos proliferan como setas después de la lluvia, los agricultores se dividen entre quienes ven en el alquiler de sus tierras una salvación económica y quienes temen la pérdida irreversible del paisaje y la identidad rural. "No es solo poner paneles y cobrar", explica María López, alcaldesa de un pequeño municipio afectado por tres macroproyectos. "Es decidir qué queremos ser: un territorio productor de energía para otros o una comunidad con futuro propio".
La paradoja se agudiza cuando observamos que muchas de estas instalaciones, aunque ubicadas en España, responden a estrategias corporativas internacionales cuyos beneficios rara vez revierten localmente. Los fondos de inversión, atraídos por las subvenciones y la predictibilidad regulatoria, han convertido el sur peninsular en una suerte de 'solar farm' a escala continental, generando lo que algunos expertos llaman ya un 'colonialismo energético verde'.
Pero no todo es conflicto. En el País Vasco, cooperativas ciudadanas como GoiEner demuestran que otro modelo es posible. Aquí, la energía no es una mercancía sino un bien común gestionado democráticamente por miles de socios que deciden colectivamente sobre inversiones, precios y prioridades. "Cuando controlas tu energía, controlas tu futuro", afirma su presidenta, Ane García, mientras muestra los paneles instalados en el tejado de un colegio público. "Esto no es solo tecnología, es soberanía".
El mar, ese gran olvidado en el debate energético español, emerge como nuevo campo de batalla. Los proyectos eólicos marinos frente a las costas gallegas y catalanas enfrentan a pescadores tradicionales, empresas energéticas y conservacionistas. La pregunta es tan simple como incómoda: ¿podemos sacrificar ecosistemas marinos para salvar el planeta? Los científicos advierten que aún desconocemos el impacto real de estas infraestructuras en las migraciones de especies y los fondos marinos.
La geopolítica añade otra capa de complejidad. España, con su posición estratégica entre África y Europa, podría convertirse en hub del hidrógeno verde. Pero esta oportunidad conlleva riesgos: dependencia de países inestables, competencia desleal con economías más débiles y, de nuevo, el fantasma del extractivismo disfrazado de sostenibilidad. "Exportar hidrógeno a Alemania no nos hará más soberanos", advierte el analista energético Javier Méndez. "La verdadera independencia viene de reducir consumo, no de cambiar de proveedor".
En las ciudades, la revolución es más silenciosa pero igualmente profunda. Las comunidades energéticas locales, amparadas por el nuevo marco legal, permiten que vecinos de un mismo bloque compartan paneles solares, almacenamiento y gestión. El resultado: facturas reducidas a la mitad y, algo más valioso, la recuperación del tejido social urbano. "Antes ni nos conocíamos, ahora tenemos reuniones mensuales sobre energía y acabamos tomando café juntos", cuenta Roberto, vecino de un barrio madrileño pionero en este modelo.
La justicia intergeneracional, ese concepto abstracto que tanto se menciona en las cumbres climáticas, se materializa en conflictos como el de la minería de litio. En Cáceres, donde se ubica uno de los mayores yacimientos europeos, los jóvenes se dividen entre quienes ven oportunidades laborales y quienes denuncian que se hipoteca su territorio para fabricar baterías que acabarán, irónicamente, en vertederos del Sur global.
El verdadero desafío, sin embargo, podría estar en lo que no vemos. Mientras nos fascinamos con gigavatios y porcentajes de renovables, olvidamos que la energía más limpia es la que no se consume. La rehabilitación energética de edificios, el teletrabajo bien planificado, la economía circular... estas medidas menos glamurosas podrían reducir nuestra demanda energética en un 40% según algunos estudios, pero reciben una fracción de la atención y financiación de los megaproyectos renovables.
Al final, la transición energética española se revela no como un problema técnico sino como un espejo de nuestra sociedad: nuestras desigualdades, nuestros miedos, nuestras esperanzas. La tecnología está disponible, el dinero fluye, pero la pregunta esencial sigue sin respuesta: ¿energía para qué y para quién? Mientras no afrontemos este debate con honestidad, arriesgamos cambiar los combustibles fósiles por otra forma de concentración de poder, solo que pintada de verde.
El camino hacia 2050 no está escrito en los planes del Ministerio ni en los informes de las consultoras. Se escribe cada día en las asambleas vecinales, en los campos donde se negocian los arrendamientos, en los puertos donde los pescadores debaten su futuro. La energía, al fin y al cabo, nunca ha sido solo física: es, sobre todo, política.
El lado oculto de la transición energética: comunidades, conflictos y oportunidades en la España renovable
